Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, y Sánchez, secretario general de UTEM y secretario adjunto de la misma central, fueron señalados como coautores de los hechos investigados. Según la acusación, ambos habrían desobedecido dos órdenes judiciales de desalojo e interrumpido de forma deliberada la circulación del transporte terrestre durante la medida de fuerza.

La causa fue elevada a juicio por el juez Miguel mattos en nviembre de 2024, desde el juzgado de instrucción N° 7, a su vez rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de los gremialistas.
 En su resolución, Mattos sostuvo que los hechos investigados configuraban delitos concretos, a pesar de su vinculación con el derecho a la protesta social.
"La resolución considera cerrada la etapa de instrucción y habilita el juzgamiento en instancia oral", había informado Gurina en un comunicado, en el que también se cuestiona la decisión judicial por minimizar el valor constitucional del derecho a la protesta en contextos de conflicto social.