La implementación de este nuevo esquema, denominado Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), había sufrido demoras. Originalmente prevista para marzo en el caso del gas y abril para la energía eléctrica, la volatilidad cambiaria y su impacto en la inflación postergaron la medida hasta la concreción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado el 11 de abril.

En el marco de este entendimiento con el organismo multilateral de crédito, el Gobierno se comprometió a normalizar el mercado eléctrico mayorista (MEM) para noviembre y a reformular el sistema de subsidios, focalizando la asistencia en los hogares más vulnerables.

Impacto en los usuarios el nuevo esquema tarifario

Actualmente, los usuarios residenciales, comerciales e industriales abonan tres componentes en sus facturas de luz y gas: el valor mayorista de la energía, el transporte y la distribución. Mientras el primer componente se actualizó de manera regular, los otros dos sufrieron incrementos discrecionales durante la discusión de la RTQ.

Si bien aún no se conocen los porcentajes exactos, se anticipa que el aumento tarifario estará por encima de la inflación proyectada para este año. No obstante, este incremento se aplicará en dos o tres tramos y se implementará un mecanismo de actualización mensual basado en la inflación y los salarios.

Durante las audiencias públicas de febrero, se discutieron los compromisos de inversión de las empresas del sector, así como los aumentos tarifarios previstos hasta el año 2030. Ahora, los entes reguladores, el ENRE para la electricidad y el Enargas para el gas, se encuentran ultimando los detalles para que el nuevo esquema entre en vigencia antes del inicio del invierno.

El ENRE ya cumplió con un requisito clave al analizar las inversiones comprometidas por las distribuidoras Edenor y Edesur en el AMBA, así como las posibles multas por incumplimiento. Por su parte, el Enargas prorrogó formalmente los plazos para finalizar el análisis de las propuestas tarifarias y de inversión de las diferentes empresas del sector.

Con la implementación de este nuevo esquema, el Gobierno busca establecer un marco de previsibilidad para el sector energético y cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI, aunque esto signifique un nuevo impacto en el bolsillo de los usuarios.